El Concello de Pontevedra no está dispuesto a asumir en solitario la responsabilidad por la ocupación de una finca privada en la ejecución del parque fluvial del Gafos. Pese a que dos sentencias consideran culpable al Ayuntamiento por certificar que los terrenos eran de titularidad pública, el gobierno local insiste en que Augas de Galicia -organismo autonómico que ejecutó las obras- tiene buena parte de responsabilidad. Tanta que el Concello va a exigir que la multa estipulada por el juez -el 25% del valor de los terrenos, que aun ha de ser determinado- la abone la Administración autonómica.
Así lo sostiene el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, que por otro lado no rehúye que el Concello abonará el valor de la finca. «Imos pagar, claro que imos pagar no seu día o que corresponda pola parcela -indicó en el pleno del pasado lunes-; pero tamén imos recurrir para que quen é corresponsable da ocupación, que é Augas de Galicia, pague esa multa do 25% por ocupar un terreo privado».
Lores se basa en un informe de los servicios jurídicos municipales que refleja que en el momento de firmar el acta de cesión al Concello de las obras realizadas, quedó constancia de que «o proxecto inicial fora obxecto dun modificado, aprobado definitivamente o 21.12.2007 pola Administración autonómica» y que dicho modificado «non foi remitido ao Concello». Por lo tanto, el Ayuntamiento desconocía que el proyecto cambió en su día para incluir una nueva senda entre la rúa do Muíño y la rúa Ponte Boleira y para contemplar la siega de un prado; «actuacións incidentes -subraya el documento técnico municipal- na finca que nos ocupa».
El recurso de casación que prevé interponer el Concello utilizará este argumento para implicar a Augas de Galicia en el abono, al menos, de la multa. Claro que el presidente del organismo autónomo ya indicó que se remitirán a la sentencia y que esta contempla un único responsable que es el Concello de Pontevedra.
Los propietarios de la finca han valorado en terreno en unos 8 millones de euros, mientras que el Concello apela al valor catastral -86.000 euros- para considerar que tal cantidad es «absolutamente desorbitada».
En el 2006, cuando se redactó el proyecto de parque fluvial y el Concello certificó la titularidad pública de los terrenos, la finca ahora en litigio figuraba en el Catastro con una superficie de 4.090 metros cuadrados, y así consta en un acta notarial. Sin embargo, posteriormente los propietarios «otorgaron sucesivas escrituras de aportacións ás respectivas sociedades de gananciais e rectificacións de superficies(...) Chégase así a que na certificación catastral de 29.11.07 a parcela aparece cunha superficie de 6.156 metros».
La irregularidad cometida con la usurpación de un solar para el paseo de Os Gafos se está convirtiendo en un culebrón político. En época de crisis, el pago de cifras abultadas en concepto de indemnización es una doble derrota. Primero de los gestores y después de la ciudadanía, que pierde inversiones. Poco importa que afronte la indemnización una Administración u otra. Quien paga es el contribuyente.
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