El anciano de 88 años contra el que el Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol había dictado una orden de alejamiento respecto de su esposa y una hija falleció el pasado domingo y fue enterrado en Catabois el lunes. El magistrado Carlos Suárez-Mira, cuyo juzgado tiene la competencia de Violencia sobre la Mujer, reconocía en el auto que recogía la orden de alejamiento que su decisión dejaba al sospechoso de malos tratos en situación de desamparo porque, si no podía regresar a su casa, habría que buscarle un lugar donde lo alojasen, como una residencia, porque sus hijos se desentendieron, según explican fuentes próximas al caso. Por ello, el auto instaba a los servicios sociales municipales a que interviniesen llegado el momento en que el hombre dejase el hospital, porque la pasada semana, el día en que la esposa e hija presentaron la denuncia en contra de él ingresó en un centro hospitalario, donde le sobrevino la muerte.
En su declaración ante el juez, la ahora viuda relató una vida llena de penalidades por el comportamiento violento del que era su esposo. En concreto refirió que estuvieron casados 57 años, pero ya antes del matrimonio sufrió malos tratos psíquicos y desprecios por parte del que iba a ser su esposo.
La hija denunciante, que se fue a vivir temporalmente a la casa familiar hace unos meses, refirió episodios parecidos. Por ello el magistrado Suárez-Mira se vio en la tesitura de tener que proteger a dos mujeres de los supuestos malos tratos, el último de los cuales fue amenazarlas con clavarles unas tijeras, pero también al propio acusado. El anciano, de 88 años, no podría valerse por sí mismo y quedaba en una situación de desamparo.
El representante del Ministerio Fiscal apoyó la doble medida y se optó por reclamar la intervención de los servicios sociales municipales para hallar un alojamiento para el hombre cuando dejase el hospital. La muerte conlleva el archivo de la causa penal incoada en su contra.
El fallecimiento, por consiguiente, ha puesto término al conflicto. El cadáver del encausado recibió sepultura el pasado lunes en el cementerio municipal de Ferrol.
El auto judicial resolvía la orden de alejamiento como medida cautelar urgente de protección de la principal víctima, la esposa, si bien no acordaba otras actuaciones en el ámbito civil. La letrada de las supuestas víctimas solicita del magistrado que entrase también en las cuestiones civiles, como asignarle 600 euros de la pensión del hombre a la mujer y asignarle la vivienda también a ella. El magistrado Carlos Suárez-Mira establecía que no se trataba de una mujer con hijos menores y, por ello, no entraba en ello por ahora, aunque se prohibía al anciano volver a su casa. Tendría que abordarse este aspecto del conflicto dentro de una demanda de divorcio o separación del matrimonio.
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