Un atún rojo de 208 kilos de peso ha sido el objeto de la última discordia diplomática a propósito de Gibraltar. El Ministerio español de Asuntos Exteriores convocó este miércoles 25 de julio al encargado de negocios de la Embajada británica, Daniel Pruce, para entregarle una nota verbal -es decir, escrita- en la que rechazaba los términos de la queja presentada el día anterior por el representante diplomático del Reino Unido en Madrid. El agrio intercambio epistolar giraba en torno al incidente protagonizado el pasado viernes por una patrullera de la Guardia Civil y un yate de recreo del Peñón.
En el ambiente previamente caldeado por el contencioso entre los pescadores de la bahía de Algeciras y las autoridades gibraltareñas, la conducción de dos ciudadanos británicos a un cuartel de la benemérita provocó reacciones incendiarias. El ministro principal de la Roca, Fabian Picardo, habló de “incursisón ilegal” de la Guardia Civil y el secretario de Estado británico para Europa, David Lidington, la calificó de “vergonzosa, intolerable e ilegal”.
El secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de Benito, salió este miércoles al paso de estas críticas subrayando que la actuación de la Guardia Civil fue en todo momento “correcta y legal” y que la versión británica no se ajustaba a la verdad. Por si hiciera falta, recordó también que España no reconoce la jurisdicción británica sobre las aguas que rodean el Peñón.
La embarcación gibraltareña que fue interceptada el pasado viernes por la Guardia Civil en aguas de la Bahía de Algeciras (Cádiz) fue sancionada tras hallar los agentes en el interior del barco un atún rojo de 208 kilogramos de peso.
Según han explicado a Efe fuentes de la Guardia Civil, los hechos se produjeron el pasado viernes, cuando las cámaras de seguridad del Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectaron una embarcación a ocho millas de la costa española.
Los agentes comprobaron por dicho sistema que la embarcación recreativa parecía estar practicando labores de pesca, aunque, según han aclarado las fuentes, levantaron también sospechas por tratarse de un punto de la Bahía de Algeciras habitual para la comisión de alijos de droga.
Por ello, se dio parte a la patrullera del Servicio Marítimo, la cual se aproximó a la zona.
Una vez que se requirió información a la embarcación gibraltareña, los agentes comprobaron que portaban en el interior de la misma un atún rojo de grandes dimensiones, por lo que les informaron de que estaban practicando una pesca "en veda", y les pidieron que les acompañaran al puerto de Algeciras para formalizar una sanción administrativa.
Las fuentes del instituto armado recalcaron que en ningún momento se produjo detención alguna, sino que únicamente se les intervino la pesca y las cañas y se les denunció por una infracción administrativa.
Además, especifican que los dos tripulantes regresaron al puerto de Gibraltar en su propia embarcación, y que la Guardia Civil se puso en contacto telefónico con la policía de la colonia para informar de la actuación y de que los pescadores sancionados estaban regresando al dique gibraltareño.
La paradoja del incidente radica en que los protagonistas parecen haberse intercambiado sus papeles habituales. Los pescadores son ahora gibraltareños; y sus perseguidores, españoles. Con una diferencia: las artes que usan los pesqueros españoles solo son ilegales en Gibraltar, mientras que la veda del atún rojo es común a toda la UE.
Aunque las declaraciones altisonantes de estos días no crean el ambiente más propicio, Madrid y Londres aun confían en que las cofradías de pescadores de La Línea y Algeciras y el Gobierno gibraltareño logren llegar a un acuerdo antes del 31 de julio. La indefinición actual es el caldo de cultivo para que pueda producirse un incidente al menor pretexto. Y un atún de 208 kilos no es el más pequeño.
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