Algo parece que está cambiando en el sobreexplotado mapa de embalses, centrales y minicentrales que convierten los ríos gallegos en una carrera de obstáculos, con concesiones que en muchos casos -nada menos que sesenta- seguirán vigentes más allá del 2050 y que, probablemente, seguirán siendo explotadas más adelante. Es difícil imaginar que grandes embalses como Belesar u Os Peares dejen de existir algún día, aunque en países como Estados Unidos ya hay una larga experiencia en demolición de presas.
Precisamente en ese tramo ininterrumpidamente embalsado del Miño, en la provincia de Lugo, el Ministerio de Medio Ambiente acaba de tumbar tres centrales hidroeléctricas en el curso del río Loio, un afluente del Miño por su margen izquierda. La última negativa se publicó ayer en el BOE, con la declaración de impacto ambiental negativa para la último proyecto que buscaba el aval de la Administración en este río de gran valor ecológico, incluido en el territorio histórico del Camino de Santiago y en la Reserva de la Biosfera Terras do Miño. Y se suma a las dos declaraciones de impacto desfavorables que se publicaron el día anterior referidas al mismo cauce, en Paradela (Lugo). A estas paralizaciones hay que añadir la decidida en julio para otro aprovechamiento hidroeléctrico en el río Sardiñeira, en O Saviñao, también en Lugo.
Las premisas sobre las que se basan estos cuatro informes de impacto ambiental negativos se mueven en las mismas coordenadas. En el trámite de consultas previas y en el posterior de información pública el organismo ambiental -en este caso la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental- pudo comprobar que estos proyectos no convencían a prácticamente ningún departamento de las Administraciones consultadas. Inicialmente los proyectos se tramitaron a partir del 2007 porque este espacio carecía de ningún tipo de protección, aunque con el tiempo fue integrado en Terras do Miño y declarado Espacio Natural de Interés Local. La Consellería de Medio Ambiente estaba convencida entonces que el aprovechamiento hidroeléctrico es incompatible con lo que significa preservar un paisaje, una apreciación crucial para entender el cambio de políticas respecto a estas iniciativas de producción eléctrica. También se asume que los impactos son irreversibles, especialmente en lo referente al caudal ecológico, y que las medidas correctoras de los promotores no logran equilibrar el desequilibrio.
En el caso del proyecto para el río Sardiñeira, la Consellería de Medio Ambiente denunció que se introducían elementos «inarmónicos» (el azud, la central y la línea eléctrica) en un cauce bien conservado. También se produce una afección, recordaba la Xunta, sobre el 21 % de la longitud del coto de pesca del río.
Desde la Diputación de Lugo, por ejemplo, también se aludía a la sobreexplotación de esta zona de la cuenca del Miño y consideraba «inadmisible» -respecto a la última central denegada- que se construyera otro embalse al lado mismo del de Belesar. Lo mismo alegaban los vecinos de O Saviñao en el caso del aprovechamiento del Sardiñeira. «Dada la gran cantidad de explotaciones hidráulicas existentes en el concello y en el entorno comarcal, consideramos excesiva la explotación de los cauces fluviales», decían en su escrito. La sobrecarga de explotaciones es un argumento al que se recurre muy a menudo en las consultas de las declaraciones de impacto.
El ministerio asumió como propias las objeciones de los distintos organismos y rechazó los cuatro proyectos. La Xunta, por su parte, deja bien claro en sus escritos sus reservas hacia nuevos planes para explotar los pocos ríos que aún son vírgenes respecto a la generación hidroeléctrica. Y es coherente con la política que aplica en la cuenca de su competencia (Galicia-Costa). En septiembre del 2012 se aprobó el Plan Hidrolóxico, que suponía la negativa automática a 71 peticiones de centrales hidroeléctricas en los ríos que están bajo su gestión. En ellos ya hay 74 aprovechamientos en servicio, que podrían repotenciarse, pero con unos requisitos mucho más exigentes. También obliga a las actuales concesiones a que aumenten en determinados supuestos el caudal ecológico.
En la cuenca que gestiona el Gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil, donde se sitúan los proyectos no autorizados, hay 73 concesiones hidroeléctricas.
¿Hay una tendencia al proteccionismo después de décadas de una política casi libertaria con la autorización de concesiones? El secretario general de Ríos con Vida, César Rodríguez, cree que sí, pero con matices. «Desde el 2005, coincidiendo con el mandato de Cristina Narbona en Medio Ambiente, notamos que hay un cambio significativo en la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental», asegura. De alguna manera, también con matices, cree que se ha sostenido tras el cambio de Gobierno. «Se trabaja con más rigor y hay ya una larga lista de dictámenes negativos, sobre todo en espacios protegidos o en zonas de alta y media montaña», señala.
Este goteo de declaraciones de impacto negativas, afirma César Rodríguez, se ha mantenido a partir del 2011, aunque también recuerda que otros expedientes salen adelante «porque por alguna razón, no sé cuál, tienen más apoyo». El representante de esta organización ecologista en defensa de los ríos españoles cree que el hecho de que las comunidades autónomas repudien estos proyectos suele ser una razón de peso para que el Gobierno central no les dé finalmente la autorización medioambiental.
Fuente: La Voz de Galicia
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