Apena se ven desde la acera, pero desde lo alto de los edificios, el skyline de Pontevedra tiene 150 antenas de telefonía móvil, cinco veces más que hace cuatro años, según el Ministerio de Industria. Y amenaza con seguir aumentando. Esa es la lucha que mantiene viva la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) y centenares de vecinos que no saben los efectos que las ondas pueden tener sobre ellos. Aseguran que los límites de protección están lejos de estar cerrados. «Si se tardó 150 años en comprobar que el tabaco tiene relación con el cáncer de pulmón, esto aún está empezando», reflexiona Julio Carmona, uno de los activistas contra su instalación.
La normativa estatal del 2001 se basa solo en el efecto térmico, el que afecta a los órganos con más índice de agua, como los ojos o el aparato neurológico, pero no contempla el resto de efectos que puede tener sobre el organismo. Un estudio de Bioinitiative fue utilizado por la Agencia Europea de Medio Ambiente en el 2007, 2008 y 2009 para solicitar a la Comisión Europea y la Organización Mundial de la Salud (OMS) que se aplique el principio de preocupación ante «unos límites que están obsoletos». Este estudio asegura que en las altas frecuencias se emiten campos electromagnéticos 4.500 veces mayores que los permitidas por la ley.
Pero bajando a un ámbito más local, desde APDR han buscado el respaldo del Concello para que redacte una ordenanza garantista para la instalación y el funcionamiento de estas infraestructuras susceptibles de generar campos electromagnéticos. Alertan, además, de su proliferación en las proximidades de centros educativos y hospitales. «En el 2007 pedimos una relación de todas las antenas y en qué situación legal se encuentran, pero no nos han contestado», señala Carmona, quien advierte de que el Ayuntamiento tiene potestad para aplicar normas más proteccionistas, «como ya ha ocurrido en otros municipios». Las compañías de telefonía deben solicitar la licencia de actividad al Concello para su instalación, pero el permiso se dilata demasiado y hace que muchas se coloquen saltándose este primer paso. El hecho de tratarse de una actividad contaminante o peligrosa obliga a abrir un período de alegaciones de 30 días para que los vecinos puedan reclamar.
El Concello carece de una ordenanza específica, pero en el PXOM se establece que en los tejados no se puede instalar nada que no tenga que ver con el edificio, explican fuentes municipales. El Peprica va más allá y prohíbe la instalación de antenas en los inmuebles de la zona monumental. La última negativa fue para el Banco de España, que pretendía instalar una solo receptora de 12 metros de alto.
En la zona de O Burgo han reunido más de 500 firmas, que presentaron en el Concello y la Diputación, para denunciar la instalación de una antena de telefonía en el estadio de Pasarón. «Hemos pedido hace tres meses que nos informasen por escrito de su legalidad y nadie ha respondido», señala Roberto Matarranz, presidente de una comunidad de vecinos.
El pasado año se registraban en las zonas residenciales un total de 80.
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