Pontevedra limitará la velocidad máxima a 30 kilómetros por hora en todos los núcleos rurales y a las pistas y carreteras de titularidad municipal. La medida -que no afectará a las carreteras que son responsabilidad de otras Administraciones y, por lo tanto, deja fuera a las vías más transitadas-, fue aprobada ayer por el pleno de la corporación con la abstención del PP.
El voto en blanco de este grupo sorprendió al gobierno municipal, toda vez que el PP impulsa en la Diputación una medida similar -o más bien calcada, ya que partió de una iniciativa del BNG-, que está actualmente en tramitación y que será de aplicación en las vías provinciales.
El concejal Ricardo Aguilar Argenti fue el encargado de justificar el desmarque de su grupo de una medida que calificó de «prudente pero que se aproxima a la imprudencia».
Afirmó que la limitación a 30 por hora tendría que haberse aprobado ya en junio del 2010, cuando se acordó aplicarla en todas las vías urbanas. En aquella ocasión, el PP también se abstuvo. «La medida nos parece bien -señalaba entonces el propio Aguilar- pero no estamos de acuerdo en la forma en que van a aplicarla. Llenar la ciudad de lomos de asno, que es como los denomina Fomento, no nos parece lo más adecuado». Ayer vino a decir exactamente lo mismo: compartió la bondad de la medida pero cuestionó los métodos que se aplicarán para su cumplimiento. «No nos gustaría que se llenen las vías del rural de badenes», señaló, a lo que el concejal de Infraestruturas, César Mosquera, respondió que «claro que habrá lombos, aínda que por desgracia non imos poder atender toda a demanda existente».
También se preguntó el PP si el gobierno local aspira a obtener «un segundo reconocimiento de la DGT» con esta medida, después de que su aplicación en el casco urbano fuera reconocida fuera de Galicia con diversos premios y distinciones al Concello.
Asimismo, Aguilar quiso ver tras la aplicación de la limitación de velocidad un «afán recaudatorio» del gobierno local en forma de multas, algo que rebatió Mosquera recordando que la Policía Local no tiene competencias para multar en el rural -es responsabilidad de la Guardia Civil de Tráfico- y que, en cualquier caso, desde que se implantó la zona 30 en el casco urbano no ha habido ni una sola multa por exceso de velocidad.
Mosquera criticó al grupo del PP por estar «metendo nun lio» a su compañera Ana Isabel Vázquez, que compagina su puesto en la corporación municipal con el de representante en la Diputación, por lo que ayer tuvo que abstenerse cuando en el organismo provincial vota a favor.
Aguilar concluyó lamentando que «no exista un estudio previo sobre el tráfico en esta zona» y Mosquera acusó a la oposición de «buscar razóns sen sentido» para evitar apoyar la medida.
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