Hay indicios de delito en Novacaixagalicia

Gayoso y Varela en la última asamblea general de Novacaixagalicia, la semana pasada

Hay indicios de delito y Julio Fernández Gayoso, José Luis Pego, Gregorio Gorriarán, Óscar Rodríguez Estrada y Javier García de Paredes serán investigados por la Audiencia Nacional, después de que el Juzgado Central de Instrucción número 2 confirmara ayer la admisión a trámite de la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra el copresidente de Novacaixagalicia y cuatro exdirectivos por presunta administración desleal o apropiación indebida.

De los cinco posibles imputados, solo Fernández Gayoso, a quien la Fiscalía considera responsable de las jubilaciones de oro abonadas a sus cuatro exdirectivos, permanece en la entidad. ¿Por cuánto tiempo? Varias fuentes del consejo de administración aseguran que pedirán el cese del copresidente en la reunión ordinaria convocada para mañana, a pesar de que este órgano de gobierno no tiene la potestad de destituirlo (sí la tiene la asamblea general) y solo podría validar una dimisión. Ante este escenario poco probable, otras fuentes conocedoras de la situación de tensión que se vive en el seno de la entidad aseguran que miembros del consejo estarían valorando presentar su renuncia mañana para forzar la dimisión de Fernández Gayoso.

El juez titular, Ismael Moreno, se ha declarado competente para abrir la causa contra los cinco gestores de la antigua caja, tras concluir que los hechos recogidos en la querella «revisten caracteres de delito, por lo que procede su admisión a trámite».

Según el auto, los cinco querellados actuaron «con abuso de las funciones de su cargo y con pleno conocimiento de la dificilísima situación económica por la que atravesaba la entidad crediticia», recapitalizada por el Estado en septiembre del 2011.

De este modo, el juez Moreno admite las acusaciones de Anticorrupción, que sostiene que los cinco gestores «dispusieron fraudulentamente de bienes de la entidad, ocultando al consejo de administración y al Banco de España el importe de sus prejubilaciones, a las que, en parte, no tenían derecho, y todo ello en menoscabo de la entidad crediticia que administraban.

La Fiscalía Anticorrupción reclama en total la devolución de, al menos, 7,8 millones de euros.