La Xunta pasará la factura de los rescates e intervenciones que realice el Servizo de Gardacostas de Galicia.
Una nueva vía de ingresos para la que ayer abrió camino el Consello de la Xunta, al aprobar el proyecto de decreto que establece los precios públicos por esos operativos, ya sea a través de medios aéreos o marítimos. No se cobrarán todos, claro. Los rastreos y rescates en situaciones de «catástrofe o calamidad pública» o los que se realicen por razones de interés general, y no a beneficio de particulares o bienes determinados, seguirán corriendo a cargo del erario público.
Por las explicaciones que ofrece la Xunta, los motivos económicos -que los cita- parecen estar en un segundo plano, pues la primera razón que da para cobrar por un servicio que antes se prestaba de forma altruista es que pretende reforzar «a mentalización á cidadanía sobre o risco que entraña a realización de determinadas actividades relacionadas co mundo do mar» y «disuadir as actuacións imprudentes e irresponsables».
Ahora bien, no se ha aclarado qué criterios se seguirán para determinar si la emergencia que ha requerido la movilización de medios de rescate ha sido una imprudencia o un imponderable. Lo que sí deja claro el Gobierno gallego es que la mayor parte de las actuaciones corresponden a evacuaciones y asistencias a buques extranjeros o de otras comunidades autónomas que ahora Galicia no podía cobrar, porque carecía de una herramienta normativa a través de la que pudiese repercutir el coste de los operativos en las aseguradoras o casas armadoras de los buques auxiliados.
La factura llegará a los asistidos en el caso de que Gardacostas tenga que actuar en caso de actividades recreativas y deportivas que comportan riesgo, rescates en zonas señaladas como peligrosas o, incluso, solventar una incidencia que se origine por desatender los avisos de alerta de fenómenos meteorológicos adversos. Asimismo, tendrán que pagar la nueva tasa las personas rescatadas que no lleven el equipamiento adecuado para desarrollar la actividad náutico-pesquera que estén realizando.
La Xunta se ha apresurado a explicitar que estos gastos «adoitan estar cubertos polos seguros» y a recordar que, por ley, todos los pesqueros tienen que tener esa cobertura, dando a entender que son las aseguradoras, y no los marineros, las que deben echarse a temblar.
El Gobierno gallego aclara que, en esto, en cobrar los rescates, la comunidad no es pionera. Lo hace ya Salvamento Marítimo y también el País Vasco. Y en el contexto actual de crisis, Mar ha decidido tomar ejemplo en un intento de reducir los 6 millones al año que cuestan los rescates aéreos y los cinco que computan por la intervención de embarcaciones.
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