Es la primera vez que la Comisión Europea plantea una prohibición que persigue castigar a aquellos países que no se comprometen a vigilar la pesca ilegal en sus costas. Los europeos podrían dejar de comer pescado de Belice, Camboya y Guinea Conakry, los tres países que Bruselas incluye en la lista de “no cooperantes”. Tras haber sacado tarjeta amarilla hace un año a ocho Estados por permitir la pesca irregular en sus costas, el Ejecutivo comunitario considera que estos tres países no han hecho progresos “creíbles” para cumplir con el derecho internacional. La Comisión llevará al Consejo de Agricultura y Pesca una doble prohibición: importar pescado de estos tres países e impedir a los barcos europeos faenar en sus aguas.
La UE importa alrededor de 14 millones de euros en pescado de estos tres Estados, aunque cabe esperar que la cifra sea mayor porque Bruselas no dispone de datos de Camboya. El grueso proviene de Belice, desde donde llegan cada año a los platos de los europeos 12 millones de euros en pescado. “Hemos intentado cooperar con estos países, pero no les interesa”, ha explicado la comisaria de Asuntos Marítimos y Pesca, Maria Damanaki, que ha reiterado que seguirán pidiendo a Camboya que presente sus números.
Para castigar esta “actividad ilegal”, como la define la comisaria, Bruselas también pretende impedir cualquier acuerdo pesquero con los países de la lista negra. Este comercio “afecta negativamente al mercado europeo y a sus pescadores”, según la política griega, que advierte que, tras identificar el oeste de África como “la mayor fuente de pesca ilegal”, su intención es empezar a investigar las importaciones desde el Pacífico. Ha recalcado que cada país “tiene derecho a no cooperar”, pero que también la Unión Europea “tiene derecho a no comprar” a los países que no se comprometen con los objetivos comunitarios.
Después de que el Ejecutivo europeo llamara la atención a ocho países, Fiji, Panamá, Sri Lanka, Togo y Vanuatu han tomado medidas para mejorar el control y la inspección de lo que se pesca en su territorio. La fecha límite para que estos países cumplan con el derecho internacional y “palien sus deficiencias” se ha fijado para febrero de 2014. En primavera, Bruselas volverá a revisar si estos países “y cualquier otro” respetan las metas fijadas.
Damanaki ha aprovechado la ocasión para lanzar un aviso a aquellos países que están faltando a su compromiso. Corea del Sur, Ghana y Curaçao han mostrado “deficiencias concretas” a la hora de luchar contra la pesca ilegal, como falta de medidas de supervisión, control y vigilancia de la pesca en sus costas.
La regulación europea para combatir la pesca irregular entró en vigor en enero de 2010 y abarca todo el comercio de mercancía marina que sale o entra en la Unión Europea. Para cumplir con la normativa, todos los Estados implicados tienen que certificar el origen y la legalidad de los productos que ponen en el mercado. La legislación incluye un sistema de alertas para que la UE detecte los casos sospechosos de cometer prácticas ilegales.
La pesca ilegal tiene un valor global que ronda los 10.000 millones de euros anuales, estima la Comisión. La cifra se traduce en entre 11 y 26 millones de toneladas de especies marinas pescadas ilegalmente cada año, el 15% del total de pesca mundial.
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