Pasividad de la UE ante la pesca ilegal

En los últimos años las autoridades españolas han aumentado el número de inspecciones en puerto para luchar contra la entrada de productos pesqueros capturados de forma ilegal. Pero lo que sucede en España no ocurre en muchos otros estados miembros de la UE, por lo que las actividades ilícitas siguen siendo una lacra en el territorio comunitario. Y es que algunos de los países no sancionan el 90% de las infracciones que se cometen y, si lo hacen, la multa es "sencillamente ridícula": 1.548 euros de media.

Descarga de pescado procedente de un buque congelador, en un puerto gallego

La UE decidió en 2010 crear un reglamento para controlar la entrada de productos procedentes de la pesca ilegal en los puertos comunitarios. Y lo cierto es que la situación no ha cambiado "prácticamente nada" desde entonces, según denuncia la Fundación para la Justicia Medioambiental (EJF) en un informe que recoge el último número de la revista Mar de la Seguridad Social. Y es que mientras España decidió aumentar el número de inspecciones para evitar que entren en territorio nacional los productos pesqueros procedentes de prácticas ilícitas -principalmente realizadas en aguas africanas-, la mayoría de países de la UE no ha cumplido con la misión y sigue comercializando capturas de pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr). Algunos de estos estados han dejado sin sanción el 90% de las infracciones, mientras que en los casos en los que sí hubo penalizaciones las multas no superaron los 1.548 euros, una cifra "ridícula" según el documento.

En informe realizado por la EJF denuncia que las flotas piratas siguen "saqueando" los recursos capturados en aguas de África occidental, que después intentan colar en el mercado europeo tras ser "blanqueadas" en alta mar. "Los barcos piratas siguen pescando bien adentro en las zonas de exclusión, utilizan equipamiento de pesca prohibido, transbordan pescado ilegalmente en el mar a buques acreditados para exportar pescado a la UE, no obedecen las órdenes de los barcos de patrullaje, sobornan a los funcionarios, huyen para evitar las sanciones y cometen infracciones laborales", recoge el documento.

Esta información refleja el fracaso de la normativa europea para luchar contra la pesca ilegal, por la que los estados miembros se comprometieron a permitir el acceso al mercado de la UE solo a los productos pesqueros certificados que se ajusten a la normativa, reforzar la vigilancia de las actividades en el mar, identificar a los operadores Indnr, mejorar la aplicación de la legislación en materia de pesca y aplicar mejor las sanciones en los casos de infracción.

"Todos estos propósitos quedaron en papel mojado", critica la EJF, que exige a la UE que impida la descarga de pescado que haya sido transbordado en alta mar "sin un control eficaz". La fundación cita en su informe las "mejoras" en el puerto de Las Palmas -principal vía de entrada de las mercancías ilegales a España-, donde se ha realizado "un verdadero esfuerzo de inspección y rastreo". Pero el aumento de las inspecciones en España hace que ahora los operadores se desplacen a otros puertos comunitarios donde las autoridades muestran "pasividad" en las inspecciones.

Y ahí está el problema: mientras en España se aumentan los controles, en otros estados miembros no se cumple el reglamento y, por lo tanto, sigue entrando mercancía ilegal en el territorio europeo. La EJF asegura que en algunos puertos de la UE el 90% de las infracciones "no han sido objeto de sanción" y cuando esta se produce es "sencillamente ridícula": su importe medio no supera los 1.548 euros.

"La UE tiene la palabra, tiene que hacer más. Su actuación es crucial para combatir la pesca ilegal en el mundo", concluye la EJF.

Después de estar, durante años, bajo sospecha por la falta de una "decidida" actuación contra la pesca ilegal, España ha dado "un giro" a su política de control para impedir la entrada de estos productos en los mercados europeos. Lo dice el propio Gobierno en el último número de la revista Mar, donde señala que las mejoras son celebradas por los ecologistas, que exigen que el resto de estados miembros apliquen "el mismo nivel de control".

Y es que España concentró el pasado año el 50% de las denegaciones de importaciones de toda la UE, lo que está provocando el "desvío" de negocio a otros países comunitarios "más permisivos", según el secretario general de Pesca, Carlos Domínguez. El Gobierno apuesta por una "profunda revisión" del reglamento comunitario y de la forma de aplicarlo, a fin de que desemboque en una "igualdad de condiciones" para todos los países de la UE y hacer frente así a la pesca ilegal.

Hasta el pasado mayo España acumula el 70% de las inspecciones realizadas en este sentido, seguida de Dinamarca (13%) y Holanda (9%). El secretario de Pesca entiende, con estos datos, que estamos ante una "competencia desleal" en el seno comunitario, ya que la normativa europea es "de obligado cumplimiento" para todos y en el mismo grado.

El Gobierno considera, además, que las listas negras -en las que aparecen los países y buques que ejercen y amparan la pesca ilegal- no son una herramienta "demasiado efectiva" para luchar contra esta situación, por lo que propone la sustitución de este mecanismo por la creación de "listas blancas" de pesqueros que sí cumplen con las normas de las organizaciones regionales de pesca y pueden probar la legalidad de sus licencias.