Porque no tiene chimenea, que si no, anteayer bien podría haber salido del tejado del edificio Louise Weiss -donde se sitúa el hemiciclo del Parlamento Europeo en Estrasburgo- una fumata blanca anunciando que los eurodiputados habían llegado a un acuerdo sobre la pecepé (PCP, siglas de la política común de pesca). Culminaba así un largo proceso que arrancó en el 2009, con la presentación del Libro Verde de la Pesca, y que llegó a su estación términi legislativa el martes pasado, cuatro años más tarde.
Un proceso que bien podría estar ambientado en el Vaticano y su curia o en una novela de Dan Brown, pues no ha estado exento de intrigas, destituciones, giros inesperados, presiones, bloqueos, campañas y tensiones que concluyeron con una aprobación por mayoría, aunque esta quedó diluida entre otras importantes decisiones pesqueras, como el acuerdo de Marruecos o la salvación del arrastre y del enmalle de fondo.
Así que la pesca europea, con un año de retraso sobre el calendario previsto, ya tiene nuevas normas y reglas para los próximos diez años. Preceptos que, para el sector, tienen sus partes positivas y negativas. Entre los claros de la reforma, está la apuesta por las organizaciones de productores, a las que otorga un papel importante; los avances en cuestiones de trazabilidad e información al consumidor o, incluso, la regionalización, como se ha dado en llamar a la manga más ancha que Bruselas da a los Estados para que dicten normas en conjunto para gestionar un pesquería de un área común.
Y entre los oscuros está la principal novedad que trae la reforma: la prohibición de los descartes. Eso va a ser «lo más duro de aplicar», sostiene Javier Garat, secretario general de la organización Cepesca, que, a pesar de que «es difícil valorar las consecuencias», no duda de que «alguna tendrá y sobre algunos barcos bastantes».
Pero no queda más remedio que «adaptarse» y tomar medidas para que el sector «sufra lo menos posible», de ahí que estén ya en contacto con el IEO y con la Secretaría General de Pesca para elaborar los planes de descartes e ir reduciendo el rechazo antes de que el próximo año entre en vigor la política pesquera.
Al margen de los claros y oscuros están los olvidos. El socialista Antolín Sánchez Presedo echa de menos, por ejemplo, que no se haya alterado la estabilidad relativa y que el reparto de cuotas vaya a seguir las mismas claves que tenía hace 30 años e, incluso, las cuotas individuales transferibles (ITQ); esto es, la posibilidad de comprar derechos de pesca entre armadores de distintos países de la misma manera que se compran divisas.
Un Consejo de Ministros informal en Vigo sirvió para poner la primera piedra de la reforma de la pesca. Veinte días más tarde, Damanaki anunciaba un cambio de rumbo.
Después de aparcar las cuestiones más arriesgadas del Libro Verde publicado en el 2009, Damanaki presentó una propuesta de marcado corte medioambiental.
El Consejo corrigió el texto de Damanaki para flexibilizar los descartes, aunque en febrero del 2013, la Eurocámara rescató las medidas más polémicas.
Después de varios reuniones, en mayo del 2013, Consejo y Parlamento aproximaron sus posturas y consensuaron un texto que se aprobó el martes pasado.
Aunque se habla de prohibición de los descartes, lo cierto es que se podrán seguir devolviendo peces muertos al mar. Irán por la borda los ejemplares de aquellas especies que no estén cuotificadas. Y de aquellas que sí tienen límite de captura podrán desecharse un pequeño porcentaje: el 7 % durante los dos primeros años de aplicación y el 5 % cuando concluya el calendario, en el 2020. El veto a los descartes comenzará a aplicarse a principios del 2015 por las pesquerías pelágicas.
La gestión por el Rendimiento Máximo Sostenible. Las cuotas pesqueras deberán establecerse en función del rendimiento máximo sostenible de un stock; esto es, fijar una cantidad de capturas que permita asegurar que la población no se verá reducida. Ese objetivo deberá alcanzarse en el 2015 con carácter general, aunque puede posponerse hasta el 2020 si la meta del RMS conlleva consecuencias sociales y económicas demasiado traumáticas.
Cuotas para varios años. Estos programas a largo plazo, además de establecer un mecanismo casi automático de cálculo del total admisible de capturas, incluye también otras cuestiones, como zonas de veda, medidas técnicas. ¿El problema? Que los que ya hay, como el de la anchoa o el del jurel, están paralizados por un conflicto de competencias entre Comisión y Eurocámara.
Trato de favor a lo artesanal. La pesca a pequeña escala tendrá prioridad en el acceso a los fondos. ¿Problema? Que para Europa solo es bajura lo que mide menos de doce metros.
Menos flota para acceder a los fondos. Los Estados tendrán que adaptar su flota a los recursos disponibles para evitar la sobreexplotación de los peces. Y si no lo cumple podrá estar sujeto a la suspensión o interrupción de las ayudas financieras de la UE dirigidas al sector.
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