Días antes de comparecer esta semana en el Congreso de los Diputados, Mariano Rajoy comentó en una reunión con miembros de su partido que las medidas que iba a aprobar el Gobierno para cumplir con el mandato de Europa «eran terribles». No se equivocaba. Esta semana, durante la intervención en la Cámara baja, dijo que estas permitirían reducir el déficit público en 65.000 millones de euros en el horizonte del 2014. Ante el mutismo del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que no quiso dar ningún dato tras el Consejo de Ministros del viernes, esa era la única cifra que se manejaba hasta que horas más tarde el Gobierno detalló para los inversores extranjeros en un documento escrito en inglés cuánto pretendía recaudar con cada una de esas «terribles» directrices. En total serían unos 56.400 millones de euros, de los que 22.100 provendrían del incremento del IVA a lo largo de treinta meses.
Entre esa cantidad y la hecha pública en el Congreso hay un desfase de 8.600 millones de euros que el Gobierno pretende recaudar con el anuncio de otras medidas que serán hechas públicas más adelante.
Al parecer, como explica el propio documento escrito en inglés, tienen que ver con la tasa sobre la electricidad y otros gravámenes medioambientales. «Este cálculo -dice el informe en referencia a los 56.400 millones citados antes- excluye el impacto que tendrán otras medidas, incluyendo las tasas sobre la energía o el medio ambiente, que serán anunciadas en fechas posteriores».
Los detalles de cómo los aplicarán están aún por ver, pero además podrían venir acompañados de otros recortes.
La pregunta es en qué cartera recaerán esos «nuevos esfuerzos» que tienen previsto aplicar porque de momento el grueso de los ya aprobados lo hace en la de los ciudadanos.
De hecho es el alza del IVA la que permitirá al Estado el mayor embolso, al menos según los cálculos que hace ahora el Ejecutivo. Entre este año y el 2014 serán 22.100 millones de euros los que recaudará y que repercutirán directamente en la economía doméstica. Igual que también lo hará el ajuste en el IRPF; los recortes en los servicios públicos; las mermas en las ayudas por desempleo a partir del sexto mes o la rebaja de las subvenciones a la ley de dependencia.
De hecho, según ese mismo documento, al meter la tijera en las prestaciones de los trabajadores parados ahorrarán 13.760 millones, mientras que usando el bisturí en los servicios públicos recaudarán en treinta meses unos 9.200 millones, de los que 5.400 provendrán de la cartera de los funcionarios a los que este año les suprimirán la paga extra de Navidad. Además con el ajuste del IRPF, donde está incluido el fin de la deducción por vivienda, pretenden ahorrar 4.100 millones. Habrá más.
Pero además hay un paquete de «medidas adicionales» no especificadas, con el que este año esperan obtener otros 1.000 millones de euros.
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