En cuanto el Diario Oficial de Galicia publique el decreto que fija precios públicos por los servicios de rescate prestados por el Servicio de Gardacostas de Galicia, el marinero, pescador aficionado o windsurfista que obligue a movilizar el helicóptero por una imprudencia recibirá una factura de 556 euros por hora de vuelo, lo que corresponde al 43 % del coste real del servicio, que es, según las tarifas facilitadas por Mar, de 2.200 euros por hora. Eso si el operativo no requiere el despliegue de más medios, pues si se envía una embarcación de menos de 18 metros de eslora, se le pasarán cerca de 200 euros por día o fracción.
De todos modos, la medida de repercutir el coste de determinadas actuaciones sobre los responsables de los incidentes marítimos no tiene «afán recaudatorio», sino simplemente eliminar conductas «temerarias e irresponsables» para que «cada uno se responsabilice de sus actos», aclaró ayer el secretario xeral técnico de la Consellería do Medio Rural e do Mar, Francisco Vidal-Pardo. De hecho, cifró en alrededor de 300.000 euros anuales lo que se reducirá el coste del servicio después de que se envíen las facturas por operativos derivados de conductas imprudentes.
«Si se realiza una actividad potencialmente de riesgo, se necesita un seguro; una vez que se ha inculcado esa cultura, el siguiente paso es cobrar los rescates, porque no deben recaer sobre el contribuyente las consecuencias de conductas individuales arriesgadas», añadió Vidal-Pardo.
Y puso algún que otro ejemplo de lo que se pretende evitar: «Que una persona dando un paseo se quede aislada en una roca y llame al helicóptero para que la evacúen solo por no esperar unas horas a que baje la marea, o que se pida el traslado de un marinero porque se clavó un anzuelo por no movilizar su embarcación auxiliar».
El anuncio de que se van a cobrar determinados servicios, nunca en caso de catástrofe o calamidad pública, no ha sentado bien entre el sector pesquero. Ni en el BNG, que no ha tardado en hacer un llamamiento a los profesionales de la pesca para que respondan y se opongan a las tasas que pretende imponer la Xunta. A juicio de los nacionalistas, la decisión es una «irresponsabilidade» que puede tener consecuencias «dramáticas». Bieito Lobeira, portavoz de Pesca del Bloque, anunció ayer que va a llevar el caso al Parlamento, pues entiende que es «especialmente denunciable e perigoso» y viene a ser una forma de privatización que va a suponer «unha degradación do servizo». Peor aún, augura que el cobro va a tener un efecto disuasorio, de forma que «en situacións de perigo van evitar chamar aos servizos de salvamento para non ter que pagar, unha decisión moi arriscada que cando se queira rectificar xa pode ser demasiado tarde».
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