Las relaciones entre el Concello de Bueu y la empresa concesionaria del servicio de abastecimiento, saneamiento y depuración, Aqualia, hace tiempo que no pasan por su mejor momento. Ese distanciamiento se volvió a evidenciar ayer, con la incoación de un expediente sancionador por una falta que el Concello tipifica como "moi grave". La infracción que achaca el gobierno es un vertido de aguas residuales en la dársena del puerto de Bueu y que según los informes técnicos solicitados por la administración se debió a la falta de mantenimiento de la estación de bombeo de aguas residuales (Ebar) de Banda do Río.
La apertura del expediente fue firmada ayer por el alcalde, Félix Juncal, y en los próximos días será comunicada oficialmente a la empresa concesionaria. En cuanto reciba esa notificación dispondrá de un periodo de audiencia para presentar sus alegaciones, aunque de inicio se enfrenta a una multa que puede oscilar entre 3.005 y 6.010 euros, tal como confirmó ayer el regidor municipal, Félix Juncal. Precisó además que los hechos que motivaron la apertura de este expedientes se remontan a dos meses atrás, al 7 de enero, cuando se registró un vertido de aguas residuales en la dársena del puerto de Bueu. "Non é a primeira vez. Houbo máis vertidos e se advertiu á concesionaria varias veces, se pediron explicacións e sempre foron contradictorias", insiste Juncal.
El expediente incorpora un informe de la consultora Lagares Ingeniería, que atribuye ese vertido a la falta de mantenimiento en la estación de bombeo, que está situada en las inmediaciones del antiguo aserradero de Banda do Río. "Ante un caso así hai que actuar en virtude do contrato e aplicar as condicións que se recollen porque estamos ante unha falta considerada moi grave", argumenta Juncal. La apertura del expediente conlleva también el nombramiento de un instructor, que en principio será el edil de Facenda e Patrimonio, José Inocente García Cuervo.
La incoación del expediente sancionador por esta infracción conlleva una posible multa económica, pero no se contempla una amenaza de resolución de contrato. Al menos por ahora. "Gustaríanos que Aqualia cumprise coas súas obrigas e non chegar a esa situación", manifestó ayer el regidor.
La empresa, antes denominada Seragua, se hizo cargo del servicio municipal en el año 2000 y tiene contrato hasta 2025. Las relaciones entre concesionaria y Concello hace tiempo que están tocadas debido a sus diferencias sobre la actualización de las tarifas. El gobierno descartó sistemáticamente las peticiones que Aqualia viene presentando desde hace años y la empresa decidió demandar a la administración local ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, un asunto que aún está pendiente de vista y resolución.
El alcalde también avanzó que se enviará un requerimiento a la concesionaria municipal por el funcionamiento de la estación depuradora de aguas residuales (Edar), situada en Cabalo. "Temos informes de Augas de Galicia nos que se constata que só está en funcionamento unha das dúas piscinas", apunta Juncal. Por eso adelanta que se requerirá que ponga en marcha el ciclo completo del saneamiento "a pleno rendemento".
Fuente: Faro de Vigo
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