Las nacionalizadas Novagalicia Banco y Catalunya Caixa necesitan 9.000 millones de euros más de dinero público, a razón de 4.500 millones cada una, para cumplir con los dos reales decretos de saneamiento aprobados por el Gobierno (el primero en febrero y el segundo en mayo) para provisionar posibles pérdidas derivadas de activos inmobiliarios tóxicos y del ladrillo sano.
Así lo ha afirmado este jueves el subgobernador del Banco de España, Gonzalo de Aríztegui, durante su comparecencia en el Parlamento, en la comisión de control del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Catalunya Caixa se encuentra en pleno proceso de subasta, después de haber recibido 2.968 millones de euros del FROB, mientras que Novagalicia Banco, que ha recibido una inyección de 3.627 millones de euros del Estado, sigue adelante con un plan de recapitalización para mantenerse independiente.
La CAM, Cataluña Caixa, Novagalicia Banco y el Banco de Valencia llevan consumidos más de 12.000 millones de euros en ayudas públicas, a los que hay que sumar los más de 4.000 reconvertidos en acciones en Bankia, según el informe presentado por Aríztegui, en el que ha evitado dar más detalles sobre el papel que jugará el FROB en el supuesto de una recapitalización de la banca española a través de fondos europeos.
Soraya Saénz de Santamaría ya había aclarado que la subasta de las entidades intervenidas seguiría adelante. El Gobierno apuntó que tomará «la mejor solución y la más rentable», es decir, «aquella que menos cueste» a los contribuyentes, aunque insistió en que el objetivo es «devolver a todas esas entidades a la normal actividad privada».
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