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| Aproximadamente un millón de edificios deberán reorientar sus antenas |
El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, confirmó ayer en Santander que los usuarios tendrán que pagar la modificación de las antenas para poder recibir la televisión digital terrestre (TDT) tras la reubicación de sus frecuencias, una operación cuyo coste global ascenderá a 300 millones de euros.
Soria se refirió ayer al nuevo plan del dividendo digital para permitir a las operadoras utilizar parte del espectro radioeléctrico que adquirieron en concurso público y con el que podrán dar los nuevos servicios de cuarta generación móvil a partir de enero del 2014, un año antes de lo previsto.
Ese espectro está ocupado en la actualidad por las televisiones, que deberán que cambiar sus canales, lo que implica una modificación de las antenas.
El Gobierno ha conseguido reducir el coste de este proceso de reubicación de los canales de televisión de los 900 millones iniciales a los 300 millones actuales gracias a un acuerdo alcanzado hace unos días con la Unión de Televisiones Comerciales (Uteca) para reducir de seis a cinco el número de múltiplex asignados a los operadores privados. El pacto permite emitir hasta seis canales a través de cada múltiplex gracias a los nuevos sistemas de compresión, de forma que no será preciso eliminar televisiones, opción que se barajó en un principio.
Los 300 millones restantes deberán ser aportados por los usuarios, según anunció ayer el ministro.
La Agrupación de Usuarios de la Televisión (AUC), a través de su presidente, Alejandro Perales, rechazó ayer que los consumidores deban asumir los 300 millones de euros que costará reorientar un millón de antenas de televisión a causa del Plan del Dividendo Digital.
El colectivo estima que eso supone que los ciudadanos paguen íntegramente el precio de reorientar las antenas de aproximadamente un millón de edificios que lo necesitarán para sintonizar los canales de televisión que se verán desplazados en las ondas a causa del citado plan.
El dividendo digital (unos 1.800 millones de euros) es en realidad el dinero que el Gobierno ha obtenido a cambio de reasignar ese espacio radioeléctrico a las operadoras de telecomunicaciones para que lo ocupen los citados móviles de cuarta generación. La AUC considera que, puesto que ese ingreso ha ido a parar a las arcas del Estado y teniendo en cuenta el coste asumido ya por los consumidores por la puesta en marcha de una TDT que no ha supuesto las ventajas prometidas, el precio de este proceso no debería recaer una vez más en los ciudadanos.
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