El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente considera que las invasiones biológicas son la segunda causa de degradación de los ecosistemas. La liberación, accidental o voluntaria, y posterior expansión de especies foráneas pone en serio peligro la biodiversidad de la Tierra tal y como la conocemos.
El conocimiento aportado por innumerables trabajos científicos en la materia ha dado lugar a que la lucha contra las especies invasoras se haya trasladado a diversas normas vigentes en España desde hace más de tres décadas, que fruto de los compromisos internacionales y de la creciente problemática ha desembocado en la aprobación del Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras el pasado otoño.
Aun siendo muy mejorable, este Real Decreto es un avance para afrontar un problema de primer nivel, de muy difícil control en muchos casos y que causa importante daños no sólo ambientales, sino también económicos y sanitarios. Supone el primer intento serio de poner coto a la introducción y expansión de especies exóticas invasoras y de, si es posible, paliar sus perniciosos efectos, especialmente en el medio acuático.
A pesar de la certeza científica del daño que causan y del reconocimiento legal del problema, están surgiendo voces que piden la derogación del Real Decreto por afectar a determinadas actividades que se benefician del comercio o la extracción de algunas especies exóticas con reconocido carácter invasor. Es el caso del siluro, el black-bass, el lucioperca, la trucha arco-iris, la carpa, el hucho, los cangrejos exóticos, el lucio, el alburno, las variedades exóticas de trucha común y esturión, el arrui, el muflón, el visón americano, el mapache o el jacinto de agua, entre otras. No es de recibo que los sectores de la acuicultura, de la pesca y la caza intensivas o de las tiendas de animales quieran imponer un modelo de negocio basado en la explotación de especies exóticas que causan graves problemas al medio ambiente y a otras fuentes sostenibles de actividad económica, máxime cuando hay alternativas y se pueden dar plazos para una transformación racional de estas actividades.
Entendemos que a pesar de sus deficiencias, el Real Decreto de Especies Invasoras es un buen comienzo para atajar los perjuicios provocados por estas especies. Por tanto, solicitamos a los responsables públicos que redoblen sus esfuerzos para exigir el cumplimiento de esta norma y para ampliar su objeto de aplicación de modo progresivo, invirtiendo el dinero dilapidado en fomentar las especies exóticas en afianzar la restauración del hábitat y la recuperación de las especies autóctonas, muy perjudicadas por las invasiones biológicas. Entre las mejoras que debiera incorporar el Real Decreto en su desarrollo están la del aumentar las medidas preventivas que eviten las sueltas, voluntarias o no, y la de evitar sacrificios de animales, promoviendo la captura en vivo de las especies exóticas existentes en el medio natural.
Por último, recordamos que la liberación de especies exóticas invasoras fue tipificada como delito por el Código Penal de 1995, lo que ha motivado la intervención de la Fiscalía ambiental, y que la Ley de Responsabilidad Medioambiental de 2007 obliga a pagar por los daños económicos que causan.
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