El Consejo de Ministros ha acordado la revisión del Real Decreto de Especies Exóticas Invasoras al considerar que la actual norma contiene "importantes indefiniciones jurídicas que dificultan su aplicación" y establecerá, de forma consensuada con las comunidades autónomas, un nuevo marco regulador.
Castilla y León es una de las comunidades que han remitido al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente un requerimiento previo a la interposición de un recurso contencioso-administrativo para solicitar la nulidad de la norma, que parcialmente ha sido estimada por el Consejo.
La normativa perjudica en esta Comunidad a unos 30.000 pescadores, al impedir la pesca de algunas de las especies más cotizadas en sus cotos, como el hucho, la trucha arco iris o el salvelino.
Según ha informado el ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el objetivo de esta revisión es "hacer viable" el listado de Especies Exóticas Invasoras y dar seguridad jurídica a una materia "cuya regulación es imprescindible".
Para el ministerio que dirige Miguel Arias Cañete, la actual norma "además de contener importantes indefiniciones jurídicas que dificultan su aplicación, incorpora un listado de especies potencialmente invasoras a las que aplica un régimen altamente restrictivo" que afecta a especies integradas en nuestro ecosistema como la carpa o la trucha arco iris.
Ha citado como ejemplo varias especies cuyo uso en jardinería está "ampliamente extendido" como es el caso del césped común, los almendros, los madroños, o ciertos tipos de acacias, geranios y rosales, todos ellos incluidos en el listado de Especies Exóticas Invasoras.
Esta normativa ha provocado, a juicio del ministerio, la "imposibilidad" de aplicar la norma sin provocar situaciones "anómalas".
Tras la decisión adoptada hoy en Consejo de Ministros, el Gobierno establecerá de forma consensuada con las administraciones autonómicas competentes un nuevo marco regulador "que refuerce el control y la erradicación de las especies exóticas invasoras que supongan una amenaza grave para el medio natural".
Todo ello, "en sintonía con el respeto a las actividades económicas y tradicionales como la caza y la pesca recreativa".
El ministerio ha señalado que, de esta manera, el Gobierno atiende las inquietudes de las Comunidades Autónomas que en diversas reuniones han advertido de "los problemas e indefiniciones jurídicas" del actual Real Decreto desde su entrada en vigor el pasado 13 de diciembre.
Los pescadores y las comunidades autónomas han ganado la batalla de la perca negra americana. El Ministerio de Medio Ambiente ultima la revisión del real decreto de especies invasoras, la norma que impedía la suelta de especies exóticas como la trucha arcoiris, con gran interés para la pesca deportiva. El texto, aprobado en el último momento por el Gobierno del PSOE, ha generado una enorme polémica en el sector.
Las comunidades de Castilla-La Mancha, Aragón, Cataluña, Castilla y León, Andalucía y Extremadura, entre otras, habían pedido la modificación del decreto, pues la temporada de pesca está a punto de empezar y la norma convertía en delito la gestión cinegética y pesquera de especies exóticas.
José Luis Bruna, presidente de la Federación Española de Pesca, sostiene que España había ido más allá que ningún país europeo y critica el exceso del decreto.Los pescadores han llegado a presentar un recurso ante el Supremo. Bruna afirma que el decreto afecta a cientos de miles de pescadores, ya que hay 90.0000 con licencia de competición.
Los ecologistas en cambio opinan que las especies invasoras son una grave amenaza para la biodiversidad y que el decreto era un primer paso correcto. Pedro Brufao, presidente de Ríos con Vida, defiende que esta "no es una nueva lucha entre pescadores y ecologistas", sino que se trata de una pugna entre "la pesca sostenible y la insostenible". Las principales ONG y la Sociedad Ibérica de Ictiología firmaron un manifiesto a favor del decreto.
La consejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha, María Luisa Soriano, llegó a pedir públicamente una moratoria. Soriano fue nombrada en Sevilla secretaria de Medio Ambiente del PP. Ahora, y antes de reunir al Consejo Asesor de Medio Ambiente, el Gobierno inicia la revisión del decreto, como piden las autonomías.
El ministerio sostiene ahora que el decreto "aplica un régimen altamente restrictivo" a "especies como la capa o la trucha arcoiris, integradas desde hace más de un siglo en nuestro ecosistema". Añade que el decreto obliga a eliminar plantas habituales en la jardinería y considera que genera aspectos ridículos. Señala que hay una "imposibilidad material de aplicar la controvertida norma sin provocar situaciones tan anómalas como tener que declarar a las autoridades la tenencia de un carpín rojo a título de mascota".
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