Coincidiendo con el Día del Padre, ha arrancado en Pontevedra el juicio por el mayor desastre medioambiental sufrido por un río gallego. Fue el 1 de septiembre del 2006 cuando un incendio arrasó la empresa Brenntag, en Caldas de Reis, provocando un vertido tóxico en el Umia que acabó con toda la fauna en un tramo de siete kilómetros.
Cinco años y medio después de aquel suceso, tres personas se sentarán en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 1. Se trata de empleados de la citada empresa a los que la Fiscalía imputa no haber sido diligentes a la hora de acometer una descarga de tolueno que transportaba un camión cisterna.
En estas operaciones, y dado que se trata de una sustancia muy inflamable, la normativa especifica que tanto el transporte como el depósito al que se va a trasvasar el producto deben tener conectadas unas pinzas metálicas a tomas de tierra. Esta medida busca evitar un deflagración electrostática como la que, a la postre, parece que dio lugar al incendio de Brenntag.
En este sentido, la acusación pública sostiene que, si bien en el vehículo se tomaron todas las medidas de seguridad, no ocurrió así en el caso del contenedor. A este respecto, el fiscal mantiene este argumento en base a un informe elaborado por la Guardia Civil, en el que se refleja que se llegaron a localizar restos de la pieza metálica de la toma de tierra del vehículo.
El conductor del camión que transportaba el tolueno sostuvo, durante la larga instrucción de este procedimiento, que «no estaba seguro de si la bomba tenía colocadas las pinzas, pero de lo que sí estaba seguro es de que el recipiente contenedor no la tenía conectada».
Ante estas aparentes evidencias, el ministerio público tiene claro que «no existe la más mínima prueba ni indicio de que la explosión hubiese sido desencadenada intencionadamente por los imputados». En su lugar considera que se está ante una imprudencia de la que deben responder los tres empleados de la química, para los que solicita cuatro meses y quince días de prisión y el pago de una multa de 2.160 euros.
En su escrito, el ministerio público exime de responsabilidad penal a los mandos de Brenntag -«la instalación industrial accidentada cumplía con toda la normativa de seguridad»-, pero no así de la civil. En este sentido, el fiscal solicita el pago de indemnizaciones que suman más de diez millones de euros y de las que tendrían que responder los tres encausados en solidaridad con la empresa química y la aseguradora AIG Europe.
La mayor parte de esta cantidad recaerá, de confirmarse, en la Consellería de Medio Ambiente. A este respecto, el desglose económico reseña que 8.174.644 euros se corresponden con los costes de actuación; 1.359.934 euros por «los daños estrictamente ecológicos (mortandad de peces y otros elementos de la biodiversidad del canal fluvial)»; y 113.919 euros por las obras de emergencia que se tuvieron que acometer para «evitar que la catástrofe adquiriera un tono más dramático».
Y es que el fiscal es contundente a la hora de remarcar que se puso en riesgo la salud humana por emanaciones de sustancias tóxicas, que cuadruplicaron, en determinados supuestos, los máximos permitidos.
En cualquier caso, además de la Administración autonómica, se han reseñado cerca de una treintena de afectados, entre particulares, empleados y otras empresas del entorno.
La Fiscalía imputa a tres trabajadores de la planta por falta de diligencia
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