Los armadores coruñeses deciden no contestar a una encuesta de Mar sobre su actividad

La realización de la encuesta Ocupesca -diseñada por la Consellería do Mar para obtener y analizar la información social y laboral de la población que trabaja en pesqueros gallegos- se ha topado con el rechazo de los armadores coruñeses, que entienden que el estudio afecta directamente a su organización empresarial e incumple la ley de protección de datos.

La Consellería do Mar envió a los armadores y propietarios de pesqueros una carta en la que informaba de la realización de la encuesta en 2011 para dar continuidad al seguimiento de la población ocupada en los sectores vinculados a la explotación de los recursos marinos del litoral de Galicia iniciado en 2008.

La Xunta seleccionó una pequeña muestra de armadores pero cedió la elaboración del informe a una empresa contratada, lo que provoca el rechazo de los armadores por el temor al uso "indebido" de los datos facilitados. La desconfianza se mantiene pese a que la Consellería do Mar aseguró a los afectados que los datos están protegidos por ley y que el personal que interviene en los trabajos está obligado a mantener el secreto de los mismos, no puede emplearlos para ningún otro fin que no sea el estadístico y solo puede difundirlos de modo agregado.

La encuesta solicita datos como el personal asalariado de las empresas y el gasto que supone, un informe de la cifra de negocios, el consumo de mercancías y materias primas, los trabajos realizados por otras empresas, el destino de las ventas, las inversiones o información económica sobre las ventas y su destino.

Los armadores aseguran que muchos de ellos no han contestado al requerimiento al considerar que la información solicitada es exclusivamente de su incumbencia y que si la Xunta la necesita la puede encontrar en sus registros y en los de Hacienda. Por ello se niegan a entregarlos a una empresa privada porque "la Consellería do Mar podía hacer el trabajo de campo sin recurrir a particulares que podrán tener en cuenta o no el derecho a la protección de datos de las empresas pesqueras".