5,5 millones de indemnización por el vertido al Umia de Brenntag

El hecho de que por normativa no se exija el uso de pinzas para conectar el contenedor de descarga con una toma de tierra para evitar que la electricidad estática cause un chispazo que dé lugar a un incendio; junto a que al perito de la Guardia Civil le fue imposible determinar la causa de la deflagración que dio lugar al mayor desastre natural de la historia de un río en Galicia, han sido argumentos más que suficientes para absolver a los tres empleados de la química Brenntag acusados por el vertido al Umia.

Así reza la sentencia emitida por el Juzgado de lo Penal número 1 de Pontevedra, que en su fallo da por válidos ambos motivos esgrimidos por la defensa representada por Garrigues. De este modo, los operarios E.P.P. y J.M.M.P., así como la consejera de seguridad B.G.V., quedan libres de cargos. La Fiscalía solicitaba penas de cuatro meses y quince días de prisión por imprudencia grave en un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Durante el juicio, los acusados del vertido contaminante al río Umia (Caldas de Reis) en septiembre de 2006 y que produjo una mortandad masiva de fauna en un radio de siete kilómetros, aludieron que antes del incendio ya habían detectado la presencia de numerosos peces muertos; extremo que confirmaron varios agentes de la benemérita, así como que el Seprona. Por el contrario, uno de los encargados de la toma de muestras tras el accidente ratificó la intensa coloración —con un azul verdoso intenso— que adquirieron el agua y las piedras cerca de los emisarios de la planta y la variación del PH, «el mayor indicador de contaminación», río arriba, de entre 5 y 7 puntos, y río abajo, apenas del 2.

En cuanto a la indemnización, cabe recordar que la Xunta y la aseguradora de Brenntag acordaron una semana antes de la celebración del juicio rebajar la cuantía, derivada de los costes de actuación tras el vertido al río, de 9,6 millones de euros a 5,5, que eran satisfechos a la parte demandante de manera inmediata. En un comunicado remitido ayer, tras conocer el auto, el Gobierno gallego remarcó su actuación en un ejercicio de «responsabilidad», al asegurar el cobro inmediato ante el «resultado incierto del proceso judicial».