Crean la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas

Cardumen de atunes

El Consejo de Ministros aprobó la iniciativa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) de crear la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas.

Su función principal será coordinar la elaboración, aplicación y seguimiento de la planificación del medio marino, objetivos de la Ley de Protección del Medio Marino.

Dicha normativa introduce la obligación de elaborar estrategias marinas correspondientes a las cinco demarcaciones marinas -Noratlántica, Sudatlántica, Estrecho y Alborán, Levantino-Balear y Canarias- y actualizarlas cada seis años.

Además, la Ley de Protección incorpora medidas de protección como la creación de la Red de Áreas Marinas Protegidas de España, la protección de los hábitats y especies marinas y la regulación de los vertidos al mar, en el marco de la política marítima integrada, informó Magrama.

La nueva comisión también coordinará el intercambio de datos sobre instalaciones, proyectos y planes sectoriales que afecten al medio marino para asegurar que cada estrategia marina que se apruebe para cada demarcación es coherente.

Según el nuevo real decreto, esta comisión contará con representantes de todos los departamentos implicados y con expertos y especialistas de otros organismos.

La presidencia será ejercida por el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, y la vicepresidencia, por el titular de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, ambos del Magrama.

Los vocales serán dos representantes de cada uno de los Ministerios de Fomento; Industria, Energía y Turismo, Economía y Competitividad; Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; así como un delegado de los Ministerios de Defensa; Asuntos Exteriores y Cooperación; Hacienda y Administraciones Públicas; Interior; Educación, Cultura y Deporte; y Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.

Los impulsores de esta Comisión determinaron que en función del contenido de las materias a tratar, podrán incorporarse representantes de otros órganos de la Administración General del Estado y expertos en dichos temas para que colaboren y asesoren.

La constitución y funcionamiento de la Comisión no implicarán un aumento del gasto público.