No solo el Estado recauda: La Xunta se suma a la "fiesta" de las multas

Tras años en que la Xunta no creaba nuevas tasas y mantenía congelados los precios, en 2012 se dará un vuelco a esta situación. Porque no solo se crearán nuevos tributos, sino que además se incorporan actividades y determinados usos que hasta ahora estaban exentas, tanto en el juego, como en el abastecimiento de agua, la depuración de residuales o la ocupación de vías públicas, y se incrementan sustancialmente algunas sanciones.

Estas modificaciones, recogidas en el anteproyecto de ley de medidas fiscales y administrativas que acompañarán a los presupuestos del próximo año, reportarán a las arcas autonómicas unos ingresos adicionales con respecto a 2011 de 10,4 millones de euros.

En el conjunto de los ingresos de una comunidad autónoma, que para el año 2012 prevé 9.172 millones de euros, no parecen mucha la cantidad, pero en un escenario todavía de profunda crisis, cualquier recaudación adicional es bien recibida.

Según la memoria económica de los presupuestos, también en fase de anteproyecto, la Xunta calcula que ingresará 5,6 millones de euros al aplicación de las nuevas tasas y sus actualizaciones, mientras que ganará otros 3,42 por la implantación de otros tributos asociados al consumo del agua y su depuración y otros 1,34 derivados de la ordenación farmacéutica.

Uno de los sectores donde más se notarán estos cambios tributarios será el del juego. En parte porque la Administración gallega se tiene que adaptar a la normativa estatal, que crea el nuevo impuesto sobre las actividades del juego, pero la Xunta también ha revisado la suya para adaptarla a los nuevas máquinas recreativas y modalidades de juego autorizadas, como es el bingo electrónico o los locales de apuestas, que cuando abran tendrán que tributar por ello. También se regulan las tómbolas, que con carácter general tendrán que tributar al 10% del importe total de los boletos o rifas ofrecidos.

En la modalidad del bingo electrónico, se aplicará un gravamen del 30%, pero el Ejecutivo autonómico incluye la posibilidad de rebajarlo al 25% -de momento solo durante el próximo año- en el caso de que las empresas que gestionan las salas de bingo no reduzcan sus cuadros de personal. Con esta bonificación, el Gobierno gallego busca que la apertura de salas virtuales a través de internet no suponga el despido de trabajadores que operan en las salas de juego presencial.

Otra tasa de nueva creación afectará a las infraestructuras y se llamará de ocupación de vías públicas, que gravará el uso de la red viaria autonómica, ya sea en superficie o subterráneo para instalar elementos de distribución de electricidad -con una tasa diferencia en función de la tensión de la línea-, hidrocarburos, telecomunicaciones, abastecimiento de agua o saneamiento. O sea, que cada vez que una empresa cabe una zanja en una autovía o cualquiera vía de la red autonómica para colocar alguna infraestructura, en adelante tendrá que pagar a la Xunta.

Además entrará en vigor el canon del agua, pero el anteproyecto de medias fiscales y administrativas introduce algunas modificaciones, como eximir del pago de esta tasa a todas las familias -unas 7.800, calcula la Xunta- que están en riesgo o en situación de exclusión social y rebajar a la mitad solo durante este lo que tendrán que abonar los hogares que se incorporan este año a la red de depuradoras gestionadas por la Xunta y a las que hasta ahora no se les aplicaba el llamado coeficiente de vertido, que grava la depuración.

Pero se incorpora otro cambio, que sí se traducirá en la obligación de pagar por parte de los ciudadanos. Los hogares con captaciones propias o traídas vecinas no satisfarán el canon del agua, dado que ninguna administración asume los gastos de distribución del agua destinada al consumo, pero sí deberán abonar el coeficiente de vertido cuando sus aguas residuales estén conectados a una red de sumideros.

Otra vía por la que la Xunta intentará engordar su ingresos es por la vía de las sanciones, ya que ha actualizado las multas que se aplicarán a las oficinas de farmacia en caso de cometer alguna sanción. El incremento con respecto al régimen sancionar actual es sustancial, llegando en algunos casos a multiplicar por diez la multa, dependiendo de la infracción. Así, para las más leves, el importe máximo pasa de 600 a 6.000 euros, mientras que la sanción más alta prevista se establece ahora en un millón de euros, cuando antes era de 600.000 euros. Además, a los titulares incluso se les podrá revocar la autorización para abrir su farmacia.

El parasol "refinitivo"