El Tribunal Internacional de Justicia (TIJ), órgano judicial de la ONU, delibera estos días sobre el contencioso entre Australia y Japón sobre si el plan nipón de cazar ballenas es o no científico. La decisión del tribunal radicado en La Haya sentará jurisprudencia y afectará a otros países que también cazan cetáceos, como Noruega, Islandia, Islas Feroe y Groenlandia.
En 1946, cuando se comprobó que la pesca estaba acabando con los bancos balleneros, se firmó la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena para proteger a la especie en peligro de extinción manteniendo a su vez una industria sostenible. Desde 1986, la caza comercial está prohibida, con excepciones culturales -a la que se acogen los países escandinavos y suponen unos pocos cientos de ejemplares, porque es de subsistencia- y científica, que es la que dice seguir Japón, que mata cada año 1.600 cetáceos. La población de ballenas crece un 3 % anual, pero no es igual en todas las especies.
En el año 2010, Australia decidió denunciar a Japón ante el TIJ. Por un lado, el país del sol naciente dice que su plan se ajusta a la convención y cree que el CIJ debería declararse sin jurisdicción del caso; por otro, Australia opina que los nipones ocultan un verdadero comercio bajo el paraguas de la ciencia.
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