Juzgado advierte de consecuencias penales por contaminar el río Gafos

Al margen del grave problema ambiental y de la guerra política entablada ente el Concello y la Xunta sobre los vertidos al río Gafos, existe una vertiente judicial que la Administración no quiere descuidar. De hecho, el Concello ya fue advertido por el fiscal jefe de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, y por un juez en un sendos autos dictados el pasado mes de marzo.

Entonces Fiscalía proponía el sobreseimiento de una denuncia presentada ante el Seprona por la asociación Vaipolorío. Aunque la propuesta del fiscal era archivar el asunto, en el auto se lanzaba una seria advertencia: en caso de persistir los vertidos al río, «los hechos podrían revestir los caracteres de un ilícito penal en forma de ejecución activa de carácter medioambiental o, en su caso, omisiva».

Esta consideración la hacía suya también el magistrado del juzgado de instrucción numero 2 de Pontevedra, que atendió la propuesta de Fiscalía de sobreseer las denuncias, si bien el auto del juez extendió la advertencia también a la Xunta.

Fue este auto el que provocó la reacción del gobierno local la semana pasada, cuando aprobó instar a Augas de Galicia la ejecución del nuevo colector del Gafos. Además, en la misma resolución del gobierno local, el Concello se cubría las espaldas ante una posible denuncia dando traslado del auto tanto al Ayuntamiento de Vilaboa -que también vierte al colector del Gafos-, como a la empresa concesionaria del servicio de alcantarillado, Aquagest, interesando en ambos casos «que extreme as medidas que lle corresponden en relación có saneamento do Gafos».

Al mismo tiempo, el gobierno local solicitó a los servicios municipales «que informen das inversións levadas a cabo polo Concello de Pontevedra en materia de saneamento relacionado có río Gafos», con el fin de remitir el correspondiente informe al juzgado de instrucción, a Augas de Galicia y a la Fiscalía.

Todas estas medidas fueron aprobadas por el gobierno local en su sesión del pasado lunes a instancias de la asesoría jurídica del Concello.