Más vale prevenir que curar. Esa es la receta que propone la Fiscalía gallega para atajar los crecientes casos de corrupción que salpican a la clase política. Un modelo a seguir, según defiende el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, es el que aplica Portugal desde el año 2008 y que supondría la creación de un consejo de prevención de la corrupción en la comunidad bajo la supervisión del Consello de Contas así como la formación de equipos de control en la Xunta y en los ayuntamientos. El personal nombrado en cada departamento de las administraciones públicas se encargaría de identificar las áreas de riesgo y de hacer un seguimiento de las actuaciones de cada departamento administrativo con el objetivo de detectar preventivamente comportamientos de riesgo que podrían derivar en delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación o tráfico de influencias. "Para no hacer gravitar todo sobre la vertiente represiva, establecida por las normas penales, es importante adoptar sistemas de prevención de riesgos de corrupción y otras infracciones conexas", sostiene Carlos Varela.
En la actualidad distintos organismos internacionales y gobiernos de países del entorno europeo ya trabajan en la elaboración de documentos que el fiscal jefe de Galicia pone como referencia para aplicar también en las administraciones públicas de la comunidad. Portugal o Reino Unido ya han puesto en marcha medidas legales para prevenir la comisión de delitos de corrupción.
Desde el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) ya se dio la voz de alerta en el año 2003 al advertir que las instituciones financieras deberían adoptar medidas de vigilancia sobre las "personas políticamente expuestas" así como poner en marcha sistemas de gestión de riesgo adecuados.
¿A quién se debería someter a esa especial vigilancia por parte de las instituciones financieras para advertirles ante un intento de corrupción? Según el GAFI a aquellas "personas políticamente expuestas" que son aquellas que desempeñan o desempeñaron funciones públicas importantes e incluso a sus familiares y colaboradores más próximos.
En cuanto a las medidas en materia de anticorrupción tomadas por países del entorno europeo destaca Reino Unido, que el pasado mes de junio puso en marcha la Bribery Act 2010, una ley contra la corrupción considerada la más severa del mundo ya que se aplica a los casos de soborno cometidos por cualquier persona o empresa relacionada con Reino Unido independientemente de donde cometiera el delito.
En Portugal, la Ley 54/2008 del 4 de septiembre creó el denominado Consejo de Prevención de la Corrupción (CPC), una entidad administrativa independiente que funciona bajo la supervisión del Tribunal de Cuentas. "Creo que este es el camino a seguir", defiende el fiscal superior de Galicia. "Se trata -añade Varela- de que las entidades que manejan fondos púbicos establezcan planes de prevención de riesgo de corrupción. ¿Cómo? Por ejemplo, en un concello se definiría el área urbanística, que digamos es la más sensible, y se marcarían los comportamientos de riesgo de ese departamento, algo que se sabe por experiencia, y a continuación se determinaría cómo neutralizar esas conductas y se designaría a la persona encargada de controlar esos comportamientos de riesgo y de dar la alerta".
Pero los planes de prevención no son la única medida que defiende la Fiscalía gallega para evitar operaciones como la Orquesta, Arena o Campeón que salpican a alcaldes, diputados autonómicos e incluso ministros. El fiscal superior de Galicia también apuesta por reforzar el papel de los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Para Varela, estas figuras deben jugar un papel clave en el "control interno" de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. ¿Cómo? Haciendo vinculantes los informes emitidos por los secretarios y los interventores, lo que evitaría que el Concello buscase dictámenes "a medida" a través de un asesoramiento externo para así saltarse la legalidad urbanística.
En esa labor contra la corrupción, Carlos Varela también apela a la colaboración del Gobierno autonómico, al que recuerda que es imprescindible que la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, mantenga una colaboración permanente con la Fiscalía para detectar y corregir ilegalidades urbanísticas constitutivas de delito, con independencia del color político de cada corporación.
Galicia también tiene sus Gürtel. Son más de un centenar de cargos públicos que han sido investigados en los últimos dos años por la Fiscalía gallega. La operación Orquesta en A Costa da Morte o el caso Arena que provocó la dimisión de un diputado del PP coruñés o la Campeón que implicó en un supuesto de delito de cohecho y tráfico de influencias al ya exministro de Fomento José Blanco y a los también exparlamentarios Pablo Cobián (PP) y Fernando Blanco (BNG). El fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, reconoce las dificultades de la Justicia para investigar "en tiempo adecuado" la delincuencia compleja y por ello defiende la asignación de un delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Galicia para agilizar la resolución de estos asuntos.
"Nuestro sistema penal -admite Varela- tiene dificultades para juzgar en tiempo adecuado la delincuencia compleja, que es aquella cometida con sofisticados recursos financieros, administrativos o empresariales, en áreas que comprenden desde el sistema económico, el ambiental, urbanístico o societario o las infracciones conexas con la corrupción".
Para abordar con "eficacia" esta criminalidad compleja, el fiscal superior de Galicia advierte de la necesidad de "estructuras especializadas como es la Fiscalía Anticorrupción" porque, según apunta, dispone de unidades periciales de apoyo. Y por este motivo, reivindica un delegado de la Fiscalía Anticorrupción para la comunidad gallega ya que podría utilizar toda esta estructura especializada. "De esta manera la investigación de los asuntos que representan estos delitos complejos se agilizaría", concluye Carlos Varela.
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