El Concello de Pontevedra tiene en estudio la posibilidad de elaborar una ordenanza municipal que obligue a someter a los edificios a inspecciones obligatorias de manera regular. Sería algo similar ITV que tienen que pasar todos los vehículos a medida que van pasando años desde su fabricación. En el caso de los edificios, y atendiendo a la experiencia de otras ciudades, la obligatoriedad de llevar a cabo inspecciones en profundidad se implantaría posiblemente a partir de los diez o los quince años de la construcción. Su denominación oficial es Inspección Técnica de Edificios (ITE).
Aunque Pontevedra es la única ciudad gallega en la que todavía no existe una normativa de este tipo y a que desde el gobierno municipal se vería con buenos ojos su implantación porque las inspecciones ayudarían a prever accidentes y siniestros, lo cierto es que la actual situación de crisis está jugando en contra de estos intereses. «Nestes momentos -opina el teniente de alcalde responsable de Urbanismo Antón Louro-, a ITE suporía unha carga económica para as comunidades de propietarios, que mesmo están a atravesar dificultades polo aumento da morosidade no pago das cuotas veciñais mensuais».
Es esta coyuntura económica la que mantiene en cierto ralentí la implantación de la ordenanza, pese a que existe una demanda en el sector desde hace algunos años y a que el Concello estableció hace algo más de dos años un contacto oficial con la delegación local del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG) para trabajar en su elaboración.
Anteriormente, en el 2008, había sido el Colegio de Ingenieros Industriales de Galicia el que se dirigió al Ayuntamiento planteando la necesidad de contar con una normativa municipal que vaya más allá de la mera revisión de fachadas o del grado de conservación estructural y se ocupe también de cuestiones como las instalaciones eléctricas, de gas o de agua.
La ciudad más cercana a Pontevedra que tiene aprobada una normativa de revisión obligatoria de edificios es Vigo, donde se aprobó en el 2004, si bien no comenzó a aplicarse hasta el año 2006. En la ciudad olívica se pretendía en principio que las inspecciones sean obligatorias para todos los inmuebles de más de quince años, aunque el trámite de exposición al público y de consenso de la normativa por parte de los grupos políticos limitó finalmente la norma las edificaciones con más de treinta años. Sin embargo, el grado de cumplimiento por parte de las comunidades de propietarios no es el idóneo. De hecho, según las últimas estadísticas, solo habían formalizado la inspección 1.801 de los 3.281 inmuebles que tenían la obligación de hacerlo.
La única obligación que tienen actualmente los propietarios de inmuebles en Pontevedra es a revisar regularmente las fachadas de aplacados de piedra, merced a una ordenanza que se aprobó a finales de los años 90 y que ha llevado a inspeccionar en la última década más de dos mil edificios. Dicha ordenanza fue una de las primeras medidas adoptadas por el primer gobierno de Fernández Lores en 1999 y vino precedida por una oleada de caída de losetas lo suficientemente grave como para exigir desde el ámbito político fuertes medidas que implicaban a todos los sectores vinculados a la construcción.
A partir de la aprobación de la ordenanza municipal de conservación de fachadas, en el año
2000 se empezó a producir una revisión y reparación masiva de inmuebles, como pretendían desde el Concello. La ordenanza concedió a las comunidades de propietarios entre dos y seis años para revisar las fachadas, dependiendo de la antigüedad de los inmuebles y del tipo de chapado o de aplacado.
A partir del 2002 fue cuando la ciudad vivió un auténtico bum de andamios. El bando de ornato de que dicta anualmente la alcaldía favorece la masiva revisión de fachadas, al amparar la ejecución de ese tipo de obras sin pagar tasas de licencia.
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